El fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, llamó la atención sobre la necesidad urgente de planificar la reposición de fiscales ante un inminente proceso de jubilación masiva que podría afectar la operatividad del Ministerio Público y, en consecuencia, la seguridad jurídica del país.
Rolón explicó que el Ministerio Público enfrenta un fenómeno “estructural”: cerca de 90 fiscales se encuentran en condiciones de jubilarse, un grupo que ingresó de manera casi simultánea entre 1998 y 2000. Esta coincidencia generacional representa alrededor del 20% del plantel fiscal, un volumen cuya salida tendría un fuerte impacto en el funcionamiento institucional, sobre todo en el interior del país.
Cada agente fiscal gestiona actualmente entre 800 y 1.200 causas activas, por lo que una desvinculación masiva obligaría a redistribuir decenas de miles de expedientes. El fiscal general recordó que la reposición de un agente —mediante el proceso constitucional ante el Consejo de la Magistratura— toma entre 8 y 12 meses, un tiempo que podría resentir gravemente la prestación del servicio.
“Respetamos plenamente el debate previsional en el Congreso, pero es fundamental considerar el impacto operativo en instituciones esenciales para el Estado de Derecho”, señaló.
Rolón afirmó que la institución ya trabaja en escenarios anticipatorios: “Nuestro compromiso es organizarnos, prever alternativas y garantizar que la justicia no se detenga”.
