El Frente Unido de Funcionarios del Ministerio Público (SIFUMIP), que agrupa a nueve gremios institucionales, anunció el inicio de una huelga general desde el 17 de noviembre, ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional a sus reclamos laborales y sociales.
En un comunicado dirigido al Poder Ejecutivo, la Vicepresidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso Nacional, los gremios señalaron el agotamiento del diálogo tras más de 13 años de solicitudes sin respuesta.
Los funcionarios denuncian que sus salarios permanecen congelados desde hace más de una década, con un desfasaje superior al 68% respecto al costo de vida actual.
“Desde hace más de 13 años nuestros salarios están congelados. En 2018 logramos apenas un ajuste del 3,5%, que representó unos 67.000 guaraníes reales de aumento. Fue una burla para todo el funcionariado”, señalaron los representantes del SIFUMIP.
A diferencia de los agentes fiscales —cuyos salarios fueron equiparados al de los magistrados mediante ley—, el personal administrativo, técnico y profesional (médicos forenses, psicólogos, peritos, choferes, asistentes, entre otros) no ha recibido mejoras salariales ni reconocimiento laboral.
“El sector más vulnerable quedó relegado. Esta situación afecta la calidad de vida y la dignidad de quienes sostienen el trabajo cotidiano de la institución”, afirmaron.
El comunicado advierte que el rezago salarial y la precarización impactan directamente en la capacidad operativa del Ministerio Público, entidad que atiende más de 300.000 casos y víctimas al año y cumple un rol clave en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción pública, el lavado de dinero y la violencia familiar.
“El debilitamiento institucional favorece al crimen organizado y a la delincuencia. Es una agenda que va en contra de los intereses del país”, alertaron los sindicatos.
Desde el Frente Unido expresaron que, si bien algunos sectores políticos reconocen la legitimidad de sus reclamos, el oficialismo ha cerrado las puertas al diálogo, negociando con referentes “que no representan a la mayoría de los funcionarios”.
“Rechazamos el simple discurso sin acción. Exigimos el reconocimiento de nuestra labor, condiciones laborales dignas y el reajuste salarial solicitado por la Fiscalía General dentro del proyecto de presupuesto. ¡Basta de sometimientos!”, concluye el comunicado.
